Costó la vida a 16.000 personas, según fuentes del gobierno indio, y afectó a la salud de unas
400.000 personas. Además, perecieron también miles de cabezas de ganado y animales domésticos y todo el entorno del lugar del accidente quedó seriamente contaminado por sustancias tóxicas y metales pesados que tardarán muchos años en desaparecer. La planta química fue abandonada tras el accidente y Union Carbide respondió por los daños causados.
Al cabo de 18 años el gobierno indio ha cesado su acción judicial contra la empresas para conseguir indemnizaciones a los afectados.

Esta es una de las consecuencias provocadas por las necesidades de competir las empresas en un entorno cada vez más globalizado, por la obsesión que les lleva a reducir costes. Está claro que esto no hubiera sucedido en un país situado en la parte norte del globo, pues se aprovechan de la debilidad de las regulaciones medioambientales de países en desarrollo para instalar allí sus fábricas.
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